Marcelo Ebrard, empresario transportista






Carlos Ferreyra | Opinión
2012-03-11 |




Piensa mal y acertarás, decía la siempre sabia abuela ante los anuncios de las buenas obras y las mejores disposiciones de los hombres del poder. Así, demostraba que las revisiones salariales periódicas sólo eran un pretexto para aumentar desmedidamente los precios de los artículos de primera necesidad.

Pensaremos mal para atinar al saber el propósito de Marcelo Ebrard de convertir las concesiones de los microbuseros en empresas y, en tal forma, impedir los accidentes viales y los casos como el de El Coqueto (¿quién sería el descerebrado que le puso ese mote?).

Los choferes trabajarán bajo contrato, uniformaditos, amables, respetando las reglas viales y sin verles las piernas a las pasajeras. Se convertirán en gente decente por obra y gracia de las nuevas formas de concesión. Les impedirán, claro está, colocar espejitos bajo el tablero para mirar los calzones de las que osen sentarse en primera fila.

Vale la pena recordar que en la Ruta Cuatro hubo protestas a granel por la entrega de la línea a los tiburones del transporte carretero, creo que a Autobuses de Oriente (ADO). Con los micros se actuará en igual forma, concesionando la ciudad a empresarios de los cuales, dicen malas lenguas cercanas a su más inmediato entorno, Marcelito es socio.

Y dicen más: que por eso no le interesó treparse a la candidatura presidencial. Tiene respaldo económico y tiempo necesario de preparación para el 2018, contando además con que el licenciado Peje no llegará, como ya suele ser acostumbrado.

Esas malas lenguas aseguran también que en la concesión de las vialidades privatizadas, las que están en construcción y las que vendrán, el jerarca capitalino igualmente participa con amplia inversión aunque no precisamente de su bolsillo. Pero da igual, es dinero suyo.

Del caso de los microbuseros, debieron morir en tres meses 27 personas, algo así como nueve por mes, para que Armando Quintero, dizque autoridad responsable de Transportes y Vialidad, decidiera intervenir. Si seguimos siendo malpensados, parecería plan con maña: provocar las víctimas, usarlas como pretexto y privatizar.

Para garantizar el éxito de la operación agandalle, los hermanos Quintero Martínez se han colocado en puestos clave. El primero, Armando, desde diciembre de 2006 en Setravi; Roberto, en el Programa Apoyo al Conductor y Unidades Habitacionales de la Procuraduría Social; José, indemne de acusaciones por tráfico de permisos para taxis piratas y licencias chuecas, y Jesús, coordinando Asesores en Tláhuac.

El éxito del proyecto, que considera más de cinco mil unidades, lo garantizan las negociaciones con Nacional Financiera y con empresas automotrices. Al estilo nacional, la que dé más se llevará el negocio y no la que garantice entregar los vehículos más apropiados para este servicio. El precio no importa, si recordamos las patrullas de más de un millón de pesos que compró la honesta delegada Clara Brugada en Iztapalapa.

En el pasado para sustituir a las combis (los célebres pecerdos o peseros) se hizo un arreglón con una empresa carrocera de Toluca, donde con matrices especiales imprimían las láminas que colocan sobre un chasis inadecuado. El transporte de personas de pie obliga a elevar los techos, perdiendo estabilidad y de allí las frecuentes volcaduras. Y las láminas, igual que si fuesen de cartón son endebles pero baratas.

Los beneficiarios de entonces fueron un gran número de oficiales de la policía de Tránsito que las alquilaron a los choferes mediante nada módica cuota, lo que explica la necesidad de ganar pasaje y la extrema juventud de los manejadores, muchos de ellos sin cumplir siquiera la edad para obtener la licencia que, gracias a la organización “hermanos Quintero y asociados” obtienen sin mayores problemas, eso sí, con “una corta” de por medio.

Estamos, pues, ante un gran negocio o, por lo menos, la privatización paulatina y cotidiana de los servicios a los que está obligado el gobierno capitalino. Así vamos.



carlos_ferreyra_carrasco@hotmail.com

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