“Derecho a transporte digno, aún distante”

La ciudad de México enfrenta un desfase entre las normas que tiene en materia de transporte y los programas que lleva a cabo la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), lo que hace necesaria una reforma que considere un enfoque de derechos.

De esta manera, mientras la Ley de Transporte y su reglamento siguen afianzados en criterios prestacionistas y técnicos del ramo, los programas asumen transversalmente cuestiones de derecho a la movilidad, a la ciudad y abren la puerta al derecho a un transporte público adecuado.

Así lo muestra la “Evaluación del Diseño e instrumentación de la política de transporte público colectivo de pasajeros en el Distrito Federal”, elaborada por el Programa Universitarios de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM.

Esto se debe, a decir de los especialistas, a una evolución en el reconocimiento de los derechos y hace necesario poner las leyes vigentes a tono con los nuevos paradigmas de movilidad y transporte contenidos en los programas.

Se propone promulgar una nueva ley en materia de movilidad con una esencia similar al Programa Integral de Transporte y Vialidad (PITV).

El análisis elaborado al marco legal actual muestra que aunque de forma reciente se propuso una iniciativa de ley de movilidad, ésta es en muchos aspectos semejante a la primera, en lo que se refiere a tarifas, subsidios y mecanismos electrónicos de pago.

“No existen cambios notorios con relación a la ley vigente de transporte en lo concerniente al transporte público de pasajeros. En esta esfera se copia, prácticamente, el capítulo de los derechos de los usuarios, añadiendo solamente un inciso de no discriminación, por edad, sexo o condición de movilidad”, indica el análisis.

Los especialistas encargados de elaborar la evaluación lamentaron que mientras en la exposición de motivos se reconoce expresamente “el derecho del habitante de la ciudad de México a un transporte público digno, suficiente y eficiente”, este criterio está ausente dentro del articulado sustantivo.

El progreso es mínimo en el ámbito de derechos y existe la necesidad de aumentar en las normas vigentes o futuras las vías para que la gente exija sus derechos en el uso del transporte público, incluso en el ámbito judicial.

Si bien la Ley de Transporte y Vialidad tiene sus aciertos para los derechos ciudadanos en materia de transporte público, no puede afirmarse que la perspectiva de derechos humanos la atraviese de modo transversal.

“La ley está amparada en una tradición prestacionista de los derechos sociales y no enfoca el asunto desde el paradigma de una movilidad sostenible social, ambiental y económica que gravita sobre los derechos humanos de todas las personas en la ciudad”.

Ante ello, se propone crear un consejo o instituto metropolitano del transporte para que especialistas en la materia incidan de manera determinante en las decisiones sobre qué proyectos deben de construirse, independientemente de intereses políticos o económicos sectoriales.

Las tres iniciativas de ley de movilidad que hay en la Asamblea Legislativa no han podido ser dictaminadas porque “traen debilidades”, reconoció el presidente de la Comisión de Transporte de este órgano, Héctor Guijosa.

El perredista comentó las tres son “meramente copias al 99%” por lo que se harán foros con especialistas de la UNAM y de otras instituciones a fin de elaborar una iniciativa más completa.

El vicepresidente de la Comisión de Transporte, Leobardo Juan Urbina, el tema no ha sido dictaminado porque Guijosa no le ha dado importancia.

Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la ALDF, consideró que el actual esquema de movilidad está agotado, lo que hace indispensable contar con una red metropolitana de coordinación para “tomar medidas que vayan acorde con lo que necesita la ciudad, pero con una visión metropolitana”.